Líderes de partidos políticos de América Latina y el Caribe, expresaron al presidente Andrés Manuel López Obrador, al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, su preocupación por que en México “se ha instaurado un proceso de creciente desinstitucionalización de la política, que daña al Estado de derecho”.
En una carta pronunciamiento, entregada a los titulares de los tres poderes de la Unión, dirigentes partidistas agrupados en la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL), advirtieron que esta situación da lugar al surgimiento de una deriva autoritaria que conculca la libertad de expresión, impulsa la judicialización de la política y la politización de la justicia y persigue a actores políticos, con efectos altamente nocivos y destructivos de la normalidad democrática que debiera privar como el marco adecuado para el sano desenvolvimiento de la vida pública en México.
Condenaron “la persecución política que desde el Gobierno Federal se ha implementado en contra del diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI y de la COPPPAL, así como vicepresidente mundial de la Internacional Socialista, por haber votado con su grupo parlamentario en contra de la aprobación de la iniciativa de Reforma Eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
En la misiva, firmada por el diputado Timoteo Zambrano (Venezuela-Cambiemos), vicepresidente de la Región Andina; Alberto Aguilar Iñárritu (PRI-Mexico), vicepresidente de la Región Norteamérica; Eduardo Martell (PL-Honduras), vicepresidente de la Región Centroamérica; Fausto Liz (PRM-República Dominicana), vicepresidente de la región Caribe, así como por los vicepresidentes, Marcelo García (UCR-Argentina) y Mauricio Andrews (PR-Chile), además de Alberto Grillón (Paraguay), Sebastián Hagobián (Uruguay) y Everton da Conceição Gomes (PDT-Brasil), demandan el cese inmediato de toda campaña represiva lanzada por el gobierno de México en contra de Moreno Cárdenas.
Además, anunciaron que se mantendrán vigilantes de toda acción persecutoria contra el líder de los partidos progresistas latinoamericanos y caribeños, misma que han venido denunciando en todos los espacios de su accionar político y lo harán en todas partes del mundo.
Los dirigentes partidistas calificaron la persecución política contra Alejandro Moreno, como “una inaceptable acción gubernamental represiva” violatoria del artículo 61 de la Constitución mexicana, que a la letra establece que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el despeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma”.