“Algo muy mal que hizo el gobierno, fue contratar a la empresa Barrientos y Asociados y no a la Procuraduría Agraria para que se hiciera con un enfoque de justicia social”, refirió Gabriela Torres Mazuera, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) refiriéndose a la venta de tierras para el Tren Maya.
Para la antropóloga, el problema de raíz es que a los empresarios involucrados no les interesó generar una discusión en torno a que el ejido se convirtiera en patrimonio colectivo: “Si ya van a vender este pedazo de tierra, que a fin de cuentas es el patrimonio del ejido, ¿cómo pensar que se pueda volver en otro tipo de patrimonio colectivo? No fué así, fue distribuir a todos un poco de dinero, maiceamos a los ejidatarios”.
Subrayó que el enfoque del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ha sido el mismo en todo el proyecto, en vez de apostar por uno para los ejidos.
En lo que refiere a los cambios de destino de las tierras ejidales, la investigadora afirma que con el nuevo gobierno se ha limitado; tomando en cuenta que con el proyecto del Tren Maya tuvieron que realizarse algunos.
Torres Manzuera ha enfocado sus investigaciones al tema de derecho ejidal, en particular en cómo se transforman las relaciones de propiedad en los ejidos a partir de diferentes cambios.
Uno de estos ha sido la Ley Agraria de 1992, misma que permitió poner las tierras ejidales en el mercado. A partir de ello, Torres Manzuera responde a qué efectos ha tenido esta ley en los ejidos.
Además de permitir la venta de las tierras ejidales, la ley agraria también daba acceso a la venta de petróleo o la industria minera, lo que dió entrada a las empresas privadas para su explotación.
Torres Manzuera radica en Yucatán desde hace 12 años, por lo que continúa su investigación en esta región agregando características propias, como la presencia de la comunidad maya y cómo ésta se relaciona con las tierras.
“Tanto en Yucatán como en Quintana Roo y Campeche hubo un programa para implementar la ley y la certificación de tierras que se llamó Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), lo que permitía dividir las tierras en parcelas y generar certificados parcelarios”.
En tanto Yucatán, la mayoría de los ejidos no fueron parcelados y mantuvieron las tierras como uso común; es decir, como algo inalienable. “Sin embargo, las tierras se están vendiendo, entonces la pregunta es ¿cómo lo hacen? ¿Quién está detrás de estas ventas?”.
Una de las lecturas al comportamiento de Yucatán ante esta ley es que los mayas resistieron a la individualización de los derechos de propiedad y mantuvieron sus tierras de uso común. Sin embargo, la investigadora identificó que las tierras de uso común se conservaron porque había caciques que tenían bajo su control ejidos de gran extensión y no querían parcelar, por que implicaba la división equitativa de las tierras.
Con información de La Jornada
