Activistas revelaron que ayer 94 mujeres de distintos municipios de Quintana Roo interpusieron seis amparos colectivos, en los que exigen acceso al aborto voluntario, con base en los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional criminalizar este procedimiento médico.
En rueda de prensa virtual, Mónica Franco, Mariana Bejouis y Silvia Chuc, de la asociación Gobernanza Mx, acompañadas de los abogados Amelia Ojeda Sosa y Alex Méndez Díaz, quienes elaboraron el sustento legal de esta estrategia, señalaron que estos recursos fueron ingresados ayer, 18 de julio, cinco en los juzgados federales de distrito en Cancún y uno más en Chetumal. De los primeros, cuatro ya fueron turnados ante un juez (tres al tercero de distrito y uno al noveno). Es probable que hoy sean turnados los dos restantes.
Las activistas recordaron que la Suprema Corte declaró desde 2021 la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, precedente de observancia obligada en todo el país. Pese a ello, en Quintana Roo no se ha modificado el Código Penal ni se cuenta con estos servicios en las instancias de atención médica.
“Mujeres en todo el estado han emprendido acciones jurídicas para que todas puedan acceder con libertad a sus derechos sexuales y reproductivos”, señalaron, al recordar que en enero una mujer logró un amparo para acceder al aborto voluntario, lo que “abrió la puerta” a la actual estrategia.
En estos amparos colectivos, ya no solo solicitan que se inaplique las sanciones del Código Penal quintanarroenses a estas 94 mujeres, sino que se extienda el derecho al aborto voluntario a todas las personas quienes lo requieran.
Esto implica, además de inaplicar las sanciones del Código Penal, ordenar al Congreso del Estado a que legisle para armonizar el marco legal, en observancia a los derechos humanos, además de eliminar el plazo de 90 días para los casos de aborto por violación.
También piden que se ordene al gobernador del Estado y a la Secretaría de Salud que dispongan de servicios para el aborto voluntario, libre, confidencial, gratuito, seguro, expedito, no discriminatorio, con altos estándares de calidad. También que difundan ampliamente estos servicios.
Alex Méndez Díaz señaló que existe una concepción errónea de que los servicios de salud dependen de la despenalización jurídica por parte del Congreso del Estado, cuando son temas separados. Existe una obligación constitucional para la Secretaría de Salud brindar esta atención, sin esperar el actuar del Legislativo.
Tampoco puede alegarse que necesitan establecer estos servicios, pues no son nuevos. En todos los estados se realizan abortos, de acuerdo a las causales que antes permitía cada ley. Al ya quedar claro que no se incurre en un delito, no hay motivo para negarse a realizarlo.
“No puede mantenerse en el marco normativo algo que ya se determinó es inconstitucional”, mencionó por su parte Amelia Ojeda.
En este sentido, las activistas señalaron, hablándoles a los nuevos servidores públicos, que ya pasaron la etapa del debate, y de “si es bueno o malo” el aborto, toda vez que la máxima corte del país ya dictaminó que que es inconstitucional criminalizar el aborto. Lo que toca es armonizar el marco legal con lo dictaminado.
“Confíamos en que hagan no solo lo correcto, sino que lo justo, alejado de criterios personales o creencias religiosas, ya que hablamos de derechos humanos”, declaró Mónica Franco.
Con información de Agencia SIM