Diputados de la XVI legislatura aprobaron la llamada Ley Ingrid, pero se echaron para atrás en su intención de criminalizar a la prensa y a cualquier ciudadano por la divulgación de información sobre escenas de delito.
La propuesta original era la prohibición general, es decir, para toda persona que revele, publique, transmita, exponga, distribuya, comercialice o comparta imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de las víctimas de un delito.
Al final no prosperó la inclusión del artículo 204 TER al Código Penal, y en su lugar, determinaron incluir ese punto en otro artículo: el 238 que aplica únicamente para servidores públicos que incurran en el delito de “Ejercicio ilícito de servicio público”.
Lo anterior ante los señalamientos de periodistas, organizaciones e incluso, algunos diputados que señalaron la intención de criminalizar la libertad de prensa.
De esta manera, el dictamen aprobado señala que se aplicará prisión de dos a ocho años y de 500 a mil días multa.
El nuevo texto legal explica que cuando se trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, indígenas y personas afromexicanas, las previstas en esta fracción se incrementarán hasta en una mitad.
En tanto, aclara que no se considerarán constitutivos de delito las acciones que realicen los agentes de procuración de justicia en el ejercicio de sus funciones.
Sin embargo, si bien, la reforma dejó fuera a la prensa, para algunos diputados y especialistas, todavía se mantiene una vulneración a la libertad de expresión, ahora de los funcionarios de gobierno.
Ahora, el temor para algunos es que se pueda “fabricar” un delito, determinando que algún funcionario filtró esos datos.
